Los agricultores creen que la exención del IRPF en los ecorregímenes de la PAC provocará "agravios”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció ante los integrantes del Comité Asesor Agrario que las ayudas que cobrarán los agricultores y ganaderos persona física por acogerse a alguno de los nueve ecorregímenes previstos en la nueva Política Agrícola Común (PAC) estarán exentas de tributación en el IRPF a lo largo de los próximos cinco años.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) valoraron positivamente este hecho, pero abogarán para que el Gobierno declare “esa ayuda exenta también para las sociedades agrícolas”, que no fueron mencionadas durante la intervención del ministro Luis Planas.

“Estos beneficios fiscales suponen un agravio comparativo” 

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, solicitó al Gobierno central que las ayudas que cobrarán los agricultores y ganaderos por acogerse a los ecorregímenes de la PAC 2023-2027 “estén exentos en el impuesto de sociedades a lo largo de estos cinco años”.

Desde la organización agraria “valoraron positivamente” que Planas aceptase la propuesta, “aunque era algo conocido desde que se publicó la normativa de la PAC”. Ignacio Fernández de Mesa lamentó “que Planas sólo hiciera mención a las personas físicas y que que se dejan fuera a las sociedades”.

“Asaja está pidiendo que esa ayuda esté exenta también para las sociedades y que no queden al margen de estos beneficios fiscales que sí tienen las personas físicas, lo cual supone un agravio comparativo”, denunció Fernández de Mesa.

En palabras de la Asociación, los ecorregímenes son una figura novedosa que se ha introducido por primera vez en la PAC, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que, como afirmó Fernández de Mesa, “está llena de disparates que no pueden cumplirse por parte de los agricultores y ganaderos”.

Para Asaja, estos ecorregímenes, en muchos casos, “generan más gastos que lo que se recibe y se obliga a gastar más gasoil”, por lo que la nueva Política Agraria Cómun “no son más que palabras bonitas que no se ajustan a la realidad”.

“En definitiva, es una tasa plana encubierta que hará perder muchos fondos a los agricultores y ganaderos”, explicó Fernández de Mesa, quien denunció que, además, algunas de las nuevas medidas, como las que se aplican en la viña o en el olivar en zonas desfavorecidas, “van a provocar el abandono de las explotaciones y la pérdida de paisajes y ecosistemas únicos”, señaló. 

Los ecorregímenes representan el 23% de las ayudas

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Política Agraria Común, y con ella los ecorregímenes, una figura novedosa que, según explicaron desde el Ministerio de Agricultura tiene el objetivo de “incentivar y remunerar las prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente”. 

Según los datos facilitados por el Ministerio, el presupuesto anual para los ecorregímenes alcanza los 1.100 millones de euros, cifra que representa el 23% del presupuesto total de las ayudas directas que perciben los agricultores y ganaderos en España. 

La acogida a los Ecorregímenes (EERR) “es voluntaria para el productor”, por lo que son los agricultores y ganaderos los que deben decidir “para qué parcelas de su explotación las solicita o no y bajo qué prácticas justifica su relación”, señalaron desde el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Es decir, un agricultor que tiene un campo de 20 parcelas puede aplicar en cada una de ellas uno de los nueve EERR aprobados en España para complementar lo que le corresponde de base por la PAC, aumentando la cuantía de las ayudas percibidas en la PAC mediante prácticas sostenibles. 

Los agricultores y ganaderos percibirán distintas cuantías en cada hectárea de su explotación si realizan al menos una de las prácticas descritas para el EERR en cuestión, “siendo sólo posible el cobro de un ayuda por cada hectárea que se solicita, independientemente de que se realice más de unas prácticas sobre la misma hectárea”, añadieron desde FEGA.

Según aseguró el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante los integrantes del Comité Asesor Agrario, “las ayudas que cobrarán los agricultores y ganaderos por acogerse a alguno de los nueve ecorregímenes previstos en la Política Agrícola Común estarán exentas de tributación en el IRPF a lo largo de estos cinco años”.

En la primera sesión del Comité Asesor Agrario de 2023, Planas también afirmó que las principales organizaciones estatales de representación agraria tendrán a su disposición un paquete de ayudas de cuatro millones de euros “para que puedan acometer en 2023 labores de divulgación y asesoramiento derivadas de la gestión de las solicitudes de ayudas de la PAC que tramiten”.

Durante su intervención, el ministro consideró “de especial importancia” que cada agricultor y ganadero “logre saber la parte específica de la normativa que debe aplicar a su explotación” en este primer año de entrada en vigor de la nueva PAC, una tarea para lo que, a su juicio, “es necesario fortalecer los servicios de asesoramiento ligados al proceso de gestión de ayudas de Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agro-alimentarias”.

“La nueva PAC complicará la agricultura que se venía haciendo hasta ahora”

La entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común lleva meses causando revuelo entre los agricultores. Durante todo este tiempo, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) han denunciado en numerosas ocasiones que la nueva PAC “no es ni profesional ni productiva”, argumentando que los agricultores “tendrán que contar con cultivos o formas de producir distintas, algo que complica la agricultura que se venía haciendo hasta ahora”. 

Asimismo, tal y como publicó este diario, la nueva Política Agraria Común establece que la mayoría de las obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que hacer de manera digital, un hecho que Asaja también denunció, alegando que esto supondrá “una importante discriminación digital para el campo”.

“El grado de complejidad que tiene la nueva PAC con su estructura verde sobrepasa todo sentido común y lógica. Es absurda por definición, y desde luego en un contexto económico mundial como el que tenemos, con elevados costes de producción y escasez de materias primas, ilógica económica y socialmente”, denunció el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

Las dos razones principales que explicó el experto son, por un lado, que se va a limitar “aún más” la libertad del profesional de la agricultura y la ganadería para gestionar su explotación, “condicionando sus decisiones agronómicas a una serie de exigencias muchas veces absurdas”. En segundo lugar, porque la nueva PAC comprometerá el abastecimiento de alimentos.

Asaja llevará la PAC ante el Tribunal Supremo

Ante esta situación, el pasado jueves, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Sevilla anunció a través de un comunicado que interpondrá ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo con los aspectos "lesivos" de la nueva Política Agraria Común (PAC), y denunció que se trata de "la reforma de la PAC más involucionista y retrógrada de las que hemos conocido desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986".

"La responsabilidad de este desaguisado es exclusiva del Ministerio de Agricultura que, pese a las manifestaciones convocadas en unidad de acción por las organizaciones agrarias y pese al pronunciamiento de decenas de expertos alertando de graves desequilibrios en el sistema de ayudas, ha mantenido su diseño caprichoso y arbitrario de la nueva PAC centrado en debilitar a las zonas con mayor potencial, olvidando que son las que más contribuyen a fortalecer el sector agroalimentario y a generar riqueza y empleo, por lo que tienen un mayor nivel de gasto unitario que no se ve compensado por los precios percibidos, y ahora, tampoco se va a ver compensado por las ayudas de la PAC", denunciaron.