El Gobierno aprueba un régimen sancionador para los que incumplan los requisitos de la nueva PAC

El Gobierno ya ha aprobado los dos últimos reales decretos de la nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el pasado 1 de enero. Dos meses después de que entrara en funcionamiento. Por un lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se establece la normativa para aplicar las penalizaciones de la nueva PAC. Por otro lado, el real decreto sobre bienestar animal, del que tanto se ha hablado en las últimas semanas.

Según explicaron desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), son dos cuestiones “que no eran condicionantes” para la entrada en vigor de la nueva PAC. “El paquete normativo se compone de la ley que regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 15 de diciembre, y de 18 reales decretos sobre el régimen de ayudas, intervenciones sectoriales y cuestiones regulatorias de la actividad agraria, cuyo grueso se aprobó entre los meses de octubre y diciembre de 2022.

El Gobierno ha establecido las normas para la aplicación de penalizaciones

El pasado martes 28 de febrero, dos meses después de la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC), el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el plan estratégico para la aplicación de la PAC.

Con este real decreto aprobado, según explicaron desde la Moncloa, se establece el marco normativo necesario para aplicar las correspondientes penalizaciones a todo el conjunto de intervenciones integradas en el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Estas penalizaciones, explicaron, se definen como las reducciones a aplicar a las ayudas en caso de que se detecte un incumplimiento de los requisitos de subvencionalidad, compromisos u otras obligaciones, “con el objetivo de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión Europea”.

Según el Ministerio de Agricultura, la norma aprobada mantiene, de forma general, el estado actual de la misma, aunque “se han flexibilizado algunas cuestiones”.

Por un lado, el real decreto contempla un periodo transitorio en la aplicación de las penalizaciones de los nuevos ecorregímenes en favor del clima y del medio ambiente, de forma que, en el año 2023, al ser el primero de desarrollo de esta medida, no se aplicarán penalizaciones. Para 2024, las penalizaciones se reducirán a la mitad.

Asimismo, se reducen a la mitad las penalizaciones a aplicar en caso de intervenciones “en las que se haya controlado a la totalidad de las personas beneficiarias mediante el sistema de monitorización de superficies”.

El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros introduce también determinados ajustes técnicos en algunos de los aprobados anteriormente para el desarrollo de la Política Agraria Común. “Este nuevo real decreto completa el marco legislativo de la PAC, y desarrolla lo establecido por la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de ésta y otras materias conexas en lo que se refiere a las penalizaciones”, recoge el real decreto, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mejora de las condiciones de bienestar animal en las granjas

Tal y como explicaron desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), el real decreto sobre bienestar animal, que también ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, reúne varias modificaciones de normas ya en vigor y crea nuevas herramientas “con el fin de mejorar el bienestar animal en las granjas y facilitar los controles oficiales que llevan a cabo las autoridades competentes”.

Ninguno de estos dos aspectos, según señalaron, “eran condicionantes para la entrada en vigor del plan estratégico de la PAC”. Según explicaron desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha creado formalmente la mesa nacional de coordinación sobre bienestar y protección de los animales, y se ha establecido la existencia de un centro nacional de referencia para el ámbito ganadero y acuícola.

En concreto, y tras la resolución correspondiente, durante los próximos dos años, este centro será el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Catalunya (IRTA), en consorcio con la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se modifican varias normas en materia de transporte de animales y sacrificio

Otra de las medidas recogidas en el real decreto sobre bienestar animal es la modificación de las normas mínimas para la protección de cerdos. Según señalaron desde el Ministerio de Agricultura, “el fin es mejorar las condiciones de las granjas y el manejo de los animales”. Para ello, se establecen unos requisitos más específicos que los actuales, y adaptados al actual conocimiento científico.

En concreto, hay nuevos valores en lo relativo a la densidad máxima de animales en las granjas, y nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos, condiciones ambientales de las mismas, y a la disponibilidad para los animales de material manipulable. “El fin último es disminuir la necesidad de practicar el corte de colas de los cerdos”, recoge el real decreto.

Según explicaron desde Asaja, los autónomos ganaderos con granjas ya existentes dispondrán de dos años para realizar las adaptaciones necesarias. Con los gastos que eso pueda implicar.

Por otra parte, y con el objetivo de “mejorar los procesos internos de las granjas”, se extiende la obligación de disponer de un plan de bienestar animal a todas las explotaciones, a partir de cierto tamaño.

Dicho plan deberá ser elaborado por el veterinario de explotación y adaptado a cada granja, “completando esta herramienta que ya existe en las granjas de porcino intensivo y de avicultura”. Los titulares de las granjas dispondrán de cuatro años para disponer de dicho plan.

Por último, según explicaron desde el Ministerio, se modifican todos los reales decretos sobre protección de animales en las granjas -el relativo a condiciones generales, y los de cría de terneros, gallinas ponedoras, cerdos y pollos de carne-, “a fin de adecuarlos a la normativa comunitaria en aspectos formales, como los relativos a los informes de los resultados de los controles y otros aspectos técnicos administrativos”.

“La cordura se ha impuesto en la Ley de Bienestar Animal”

A estos dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros se añade la Ley de Bienestar Animal, que fue a probada en el Congreso de los Diputados a principios de febrero. Dicha ley, tras meses de alegaciones interpuestas por Asaja, dejó finalmente fuera a los animales de trabajo de las explotaciones agrarias y a los perros de caza.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores mostraron satisfacción ante este giro “in extremis” que dio el grupo parlamentario del PSOE al incluir la enmienda que dejaba fuera del texto legislativo a ambos grupos de animales, y que fue refrendada por el resto de grupos parlamentarios, socios del Gobierno.

Así, todos aquellos animales en las ganaderías y los animales para la actividad cinegética quedaron excluidos de la ley. Si esto no hubiese sido así, señalaron desde Asaja, “hubiera supuesto un grave problema para nuestros ganaderos”.

Según explicaron, “de todos es conocido” que hay actividades y situaciones que, sin la colaboración de estos animales -como el pastoreo o la protección del ganado-, “no se podrían llevar a cabo de forma efectiva en las explotaciones ganaderas, y que resultan fundamentales para el correcto desarrollo de la actividad productiva”.

Según destacaron, desde la Asociación valoran también "positivamente" que se haya excluido de la ley a los animales de caza, “puesto que el aumento de la población silvestre en especies como corzo, jabalí, conejo, o el propio lobo, suponen una amenaza para el desarrollo de nuestros cultivos, la supervivencia de nuestro ganado y para la prevención y/o expansión de las enfermedades que estos animales transmiten”.

En marzo de 2022, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores presentó un documento de alegaciones “en el que se razonaban y explicaban los motivos” por los que se pedían estas exclusiones particulares. “Finalmente, el resultado nos satisface a todos”, concluyeron desde Asaja.

“La nueva PAC sobrepasa todo sentido común y lógica”

La entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común lleva meses causando revuelo entre los agricultores. Durante todo este tiempo, desde Asaja han denunciado en numerosas ocasiones que la nueva PAC “no es ni profesional ni productiva”, argumentando que los agricultores “tendrán que contar con cultivos o formas de producir distintas, algo que complica la agricultura que se venía haciendo hasta ahora”. 

Asimismo, tal y como publicó este diario, la nueva Política Agraria Común establece que la mayoría de las obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que hacer de manera digital, un hecho que Asaja también denunció, alegando que esto supondrá “una importante discriminación digital para el campo”.

“El grado de complejidad que tiene la nueva PAC con su estructura verde sobrepasa todo sentido común y lógica. Es absurda por definición, y desde luego en un contexto económico mundial como el que tenemos, con elevados costes de producción y escasez de materias primas, ilógica económica y socialmente”, denunció el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

Las dos razones principales que explicó el experto son, por un lado, que se va a limitar “aún más” la libertad del profesional de la agricultura y la ganadería para gestionar su explotación, “condicionando sus decisiones agronómicas a una serie de exigencias muchas veces absurdas”. En segundo lugar, porque la nueva PAC comprometerá el abastecimiento de alimentos.