El Gobierno retrasa hasta 2026 las obligaciones digitales para autónomos del transporte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha propuesto retrasar la entrada en vigor de la obligatoriedad de exigir a los transportistas el documento de control en formato electrónico hasta principios de 2026. Se trata de una nueva exigencia que iba a afectar a los transportistas autónomos a partir de septiembre de este año y que, según la disposición transitoria octava del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, “la digitalización del documento de control administrativo y de la hoja de ruta exigibles para la realización de transporte público de personas por carretera”.

Ante la noticia, las patronales que agrupan los intereses de los conductores autónomos y las pequeñas empresas del sector mostraron a este diario su satisfacción, "no porque nos opongamos a la digitalización, sino porque si la iniciativa ha partido de la propia Administración”, reconoció a este diario José Carlos López Jato, secretario técnico de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa).

La propuesta ministerial pasa por abandonar la fecha inicialmente propuesta, del 1 de septiembre de 2024, y retrasar su entrada en vigor hasta principios de 2026. Según fuentes ministeriales “por la complejidad técnica del mencionado documento y la necesidad de dar tiempo al sector para que se adapte al uso de las aplicaciones existentes para su confección”. Y según los autónomos del volante y las pequeñas empresas de transporte, “porque tenemos muchos otros problemas, y mucho más graves, que este de la digitalización”, resumió para este medio José Antonio Moliner, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera (Tradime).

La aplicación de este nuevo formato digital del documento de control administrativo y de la hoja de ruta será, según José Carlos López Jato, “más farragoso de lo que parece. Y en la práctica supondrá más tiempo, además de resultar más caro. Porque el que genero yo en talonario me cuesta sólo cinco céntimos, y este se va a los 50. ¿Cuán es su ventaja entonces?”. Hay que tener en cuenta, explicó este experto, que no hablamos de empresas con un jefe de tráfico y 299 transportistas, sino de 300 conductores autónomos, cada uno de los cuales debe gestionar su tráfico, y hacerlo sobre la marcha”. Por eso, dice, los trabajadores por cuenta propia no están en contra, pero sí que piden racionalidad y tiempo para poder aplicarlo correctamente.

La digitalización de documentos supondrá un sobrecoste para los autónomos y negocios del Transporte

Al decir de los profesionales del sector, no parece que todas las propuestas que se formulan relacionadas con la digitalización de sector vayan a mejorar la vida de los transportistas, ni vayan a suponer un ahorro de costes para éstos. “Por lo tanto, es necesario contar con el tiempo suficiente para poder determinar qué o cuáles documentos se deberán de confeccionar de manera digital por una imposición legal, y cuáles de ellos será razonable cumplimentarlos en este formato, aunque no exista una obligación legal”, explicó José Carlos López Jato. “Porque parece que detrás de la digitalización se esconde un enorme negocio para los proveedores de dichos servicios; que trasciende, con mucho, a los intereses de los propios transportistas”, se queja este experto.

De hecho, entre los transportistas se habla del poco éxito que el Plan Moderniza y el Kit Digital está teniendo entre sus autónomos y negocios. “Lo gracioso es que se culpa al sector de ello”, continúa López Jato, “cuando la realidad es que el diseño de uno y otro programa responde más a los intereses de las empresas proveedoras que a los de los autónomos del volante”.

Por ejemplo, en lo referente al Plan Moderniza, se ha dejado entrever en muchas informaciones que la sustitución de los tacógrafos es obligatoria en todos los casos, cuando esto no es así: sólo afecta al transporte de mercancías transfronterizo, algo que muchos autónomos ni se plantean. “Se ha inflado el plan con ciertas obligaciones, como la contratación de un sistema de almacenamiento de datos o la asistencia obligatoria a un curso para el tacógrafo digital, que vienen a ser redundantes con lo que ya existe en el sector”, se quejó el secretario técnico de Fetransa, “pues el almacenamiento de datos se viene realizando desde 2006, y los cursos para manejar el medidor ya se imparten dentro de la formación inicial y continua”.

Además, muchos agentes modernizadores (los talleres encargados de la instalación y mantenimiento del tacógrafo) exigen al transportista el adelanto de una parte del dinero hasta que ellos cobren la subvención. “Por todos estos motivos, no es extraño que muchos transportistas hayan renunciado a solicitar dicha línea de ayudas”. Y, en lo referente al Kit Digital, sucede algo muy parecido. Sus fines son poco claros, al decir de los expertos del sector, y además no resuelven la duda de lo que pasará con los servicios contratados, una vez que haya de asumirse el coste mes a mes de los mismos.

Las ayudas para la digitalización los transportistas solo incluyen software, no hardware

Llama la atención, no obstante, que ni ninguna de estas ayudas, pensadas para facilitar a los autónomos y negocios del Transporte la transición al mundo digital, prevean como destino de las mismas la adquisición de hardware. “De una sencilla tableta en la que llevar esta y otras contabilidades. ¿En dónde piensan nuestros gobernantes que se van a implantar las aplicaciones previstas en los planes?”, se preguntó de forma un tanto retórica López Jato. “Si dichos planes están destinados a incentivar el paso del mundo analógico a la nueva realidad digital de los más pequeños, parece difícil haberlos diseñado peor” valoró.

Para José Antonio Moliner quizá lo que existe es una cierta desconexión entre la teoría y la realidad de las cosas, “sobre todo cuando las mismas se pretenden hacer sin conocer de verdad qué cuestiones pueden ayudar a incentivar un cambio dentro del sector, y qué cuestiones no lo van a hacer. Teniendo problemas como la existencia de numerosas cooperativas de falsos transportistas, un deficiente control de cabotaje en el transporte terrestre de mercancías entre países europeos o un grado medio de transporte en la formación profesional que lleva una década sin funcionar”.

Por todo ello, las patronales del sector apoyan esta decisión ministerial de una prórroga prevista para la entrada en vigor de la obligación del documento de control digital. “De paso, podíamos aprovechar para analizar si es necesario modificar el régimen de responsabilidades establecido en la OM 2861/2012”, concluyó el secretario técnico de Fetransa, “porque habrá que implicar más al cargador en las mismas, de manera mucho más clara que hasta el momento; para que no seamos siempre los mismos los que corremos con las culpas”.