Calviño quiere crear un organismo para resolver los litigios de los autónomos con sus seguros y préstamos
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Un sistema gratuito que permitirá a los autónomos redirigir sus reclamaciones en multitud de productos y servicios financieros, siempre que su cantidad sea inferior a 20.000 euros.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció tras el Consejo de Ministros del pasado martes la aprobación del anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Un organismo de resolución de conflictos cuyo objetivo es permitir a los autónomos, pequeños negocios y particulares que puedan hacer reclamaciones de forma gratuita si no están conformes con los productos o servicios financieros y de aseguramiento inferiores a 20.000 euros. El fin es crear un único organismo que aúne los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Los cuáles, serán suprimidos cuando se apruebe y que podrán servir para que los trabajadores por cuenta propia puedan dirigirse a un sólo organismo para solicitar una reclamación sin necesidad de pasar por el juzgado. Este organismo dirimirá cuestiones que afectan a aseguradoras, entidades de crédito, plataformas de financiación participativa, prestamistas e intermediarios de crédito, entidades de pago y de dinero electrónico e, incluso, servicios de criptomonedas.
A falta de que el anteproyecto de ley se someta a audiencia pública para su posterior conversión en proyecto de ley que se pueda debatir en el Congreso, la ministra quiere que este nuevo sistema de atención gratuita a los clientes financieros entre en vigor a partir del próximo junio. “La Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero se encargará de resolver las reclamaciones de los autónomos o clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los propios servicios de atención del cliente de sus entidades financiaras”, afirmó Calviño.
Este nuevo organismo, especificó la vicepresidenta, “resolverá las reclamaciones de las personas físicas o jurídicas por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financiaros. También por abusividad (sic) de las cláusulas declaradas por los tribunales en los contratos financiaros en un periodo máximo de 90 días”. La resolución de este nuevo sistema será vinculante con las entidades afectadas cuando el importe a reclamar sea menor de 20.000 euros. “Este es un cambio muy importante con respecto a la situación actual, en la que los servicios de reclamaciones de estos supervisores financieros no tenían carácter vinculante para las entidades”, añadió.
Este anteproyecto de ley afectará a la totalidad de las entidades susceptibles de reclamaciones por parte de los autónomos, tanto a entidades de crédito; como empresas de servicios de inversión; aseguradoras; establecimientos financieros de crédito; plataformas de financiación participativa; prestamistas e intermediarios de crédito; entidades de pago y de dinero electrónico al igual que servicios de criptoactivos.
¿Cómo funciona este nuevo sistema de defensa financiera para autónomos y particulares?
El sistema de reclamaciones será gratuito para cualquier cliente de estos servicios – lo que incluye a autónomos y pequeños negocios – y podrán acceder a él presencialmente o a través de sistemas electrónicos. Del mismo modo, los trabajadores por cuenta propia podrán presentar sus demandas sin necesidad de un abogado o procurador.
Según el informe publicado por La Moncloa tras el Consejo de Ministros, este nuevo sistema de resolución alternativa de conflictos tendrá una “atención personalizada”. Se tendrá en cuenta la edad, las características de la zona geográfica y el nivel de competencias de los demandantes. Para ello, el Ejecutivo dispondrá de canales presenciales, telemáticos y telefónicos con especial atención a los colectivos más vulnerables. Además, “las resoluciones se dictarán de forma ágil atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días”.
El anteproyecto de ley también incluye un elemento de desincentivo de recurso a los tribunales cuando la entidad no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. “El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como algunas otras actuaciones de las entidades incluidas, podrán ser objeto de sanción por parte de la autoridad”, explica el documento. Para financiar este mecanismo, las entidades tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación admitida.
Una iniciativa que lleva años de retraso
A la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Medida que se suma a los compromisos adoptados por las patronales financieras el pasado 21 de febrero para prestar un servicio que se adapte a todo tipo de clientes, independientemente de sus conocimiento financiero, edad y nivel de digitalización
La creación de una autoridad de protección de los clientes financieros es una medida incluida en el Plan Anual Normativo 2022 que arrastra años de retraso. Dicha iniciativa fue planteada por el anterior Gobierno del Partido Popular y el actual presidente del Ejecutivo, la retomó en 2018 con intención de lanzarla en 2019. Medida las organizaciones de consumidores llevaban tiempo reclamando que se acelerase la creación de esta autoridad para evitar posibles abusos desde el sector financiero y evitar costes adicionales a los clientes a la hora de reclamar.
Una ley propone que los autónomos puedan reclamar gratis a las empresas de telefonía sin necesidad de juicios
Las reclamaciones a las compañías telefónicas puede ser un proceso costoso para los trabajadores por cuenta propia. Muchos autónomos no pueden permitirse interpelar a estas empresas por incidencias en sus facturas o contratos de permanencia a causa del largo proceso judicial que esto conlleva. Por ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, también publicó un Anteproyecto de Ley que recoge un procedimiento que permitirá a los autónomos solucionar gratuitamente las incidencias con las empresas de telecomunicaciones. Asimismo, el documento señala que los conflictos se solventarán sin tener que ir a juicio.
Recogido en el artículo 78 de este Anteproyecto de Ley, denominado ‘Resolución de controversias’, los autónomos “tendrán derecho a disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas”. Siempre y cuando dichas controversias afecten a sus derechos como consumidores o usuarios finales de dichos servicios. Asimismo, las empresas del sector de las telecomunicaciones, estarán obligadas a participar en estos procedimientos extrajudiciales y tendrán que acatar la resolución que le ponga fin.
“La valoración de esta futura norma es muy positiva”, aseguró Pablo Henríquez de Luna, abogado procesal y socio de López-Ibor Abogados. “Es importante porque obligaría a las operadoras a pasar por este procedimiento, sería vinculante”, afirmó Henríquez. Para los autónomos será “beneficioso porque no tendrán que pasar por un proceso judicial previamente, ni cargar con los costes de un abogado o procurador. Asimismo, muchas operadoras no estaban adscritas a los distintos organismos de defensa del consumidor y gracias a esta ley estarían obligadas a participar en el proceso extrajudicial".
El abogado señaló que este Anteproyecto de Ley estaría enfocado a posibles controversias en materia de facturas o contratos de permanencia entre los trabajadores por cuenta propia y los distintos agentes de la telecomunicación. Respecto al trámite extrajudicial, “sería pilotado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital”, comentó Henríquez. “Para ello, el Ministerio deberá elegir un instructor que reciba las quejas o denuncias por parte de los autónomos y que resuelva la controversia”.
Sin embargo, el abogado advirtió que aunque las resoluciones sean vinculantes, tanto la empresa de telecomunicaciones como el autónomo, podrán reclamar ante la justicia si no están conformes con la resolución extrajudicial. No obstante, “este procedimiento, seguramente, se habrá articulado para cantidades no sustanciales y no derivará en conflictos mayores” valoró Henríquez.
Finalmente, este procedimiento acogerá tanto a personas físicas y autónomos, como a microempresas. Además, es probable que se también puedan acceder las pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
