El gobierno rechaza el Trasvase Tajo-Segura y los agricultores temen un impacto de 5.500 millones
El pasado martes 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, que definen las líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España hasta 2027. Con esta aprobación, según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se pretende incorporar “los escenarios del cambio climático” y fijar "caudales ecológicos" para todas las masas de agua.
Sin embargo, estos planes consuman el recorte del trasvase Tajo-Segura, una decisión que desde que fue anunciada ha provocado la protesta de los agricultores afectados por esta medida, que en consecuencia se manifestaron a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 11 de enero.
Según denunció el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante, José Vicente Andreu, esta decisión “va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos”, ya que supone “el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales, la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia, de 27.000 hectáreas de regadío, y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros”.
Se incluyen planes específicos para doce cuencas
En España existen 25 cuencas hidrográficas. De estas, un total de 12 dependen de la Administración General del Estado, ya que atraviesan más de una comunidad autónoma. El Gobierno ha aprobado los planes de estas 12 cuencas y los de Galicia Costas y Baleares, ya que es competente también para los planes hidrológicos de cuencas interiores y autonómicas. Asimismo, se han incluido planes específicos para espacios como Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera de Valencia.
En la planificación se han incluido más de 6.500 medidas, que están dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros. En concreto, las principales categorías de inversión serán el saneamiento y la depuración; la modernización de regadíos; la mejora de abastecimientos; la gestión del riesgo de inundaciones; la restauración del dominio público hidráulico; la construcción de infraestructuras; y la digitalización del ciclo del agua.
Uno de los planes hidrológicos afecta directamente al trasvase Tajo-Segura, ya que se ha fijado un caudal ecológico en el río Tajo, que atraviesa varias comunidades y desemboca en Portugal, país con el que existe un convenido bilateral.
Este recorte supondría "el fin" de la agricultura mediterránea
Ya en septiembre de 2022, desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Alicante denunciaron las intenciones “claras” por parte del Gobierno “de acabar con el trasvase Tajo-Segura”. Declaraciones motivadas por la autorización del Ministerio competente de realizar un trasvase de 7,5 hm3 en septiembre y solo para abastecimiento urbano, “mientras que los técnicos recomendaron un envío de hasta 20 hm3”.
“Resulta más que evidente la intención de la ministra Teresa Ribera de relegar el uso agrícola de esta infraestructura histórica y dejar el Trasvase Tajo-Segura exclusivamente para uso de abastecimiento urbano”, denunció el presidente de la asociación agraria, José Vicente Andreu.
En este sentido, desde Asaja Alicante manifestaron que dicho recorte supondría “el fin” de la agricultura mediterránea, de la Huerta de Europa, y del sector de frutas y hortalizas en fresco, que garantiza alimentos básicos a toda la población de la Unión Europea. “Todos sabemos que la mejor zona para producir alimentos es el sudeste español por una razón puramente geográfica: las horas de sol que tenemos a lo largo de todo el año”, destacaron, defendiendo así que “el agua no es igual de beneficiosa por doquier, sino en las zonas donde más se optimiza, y la cuenca del Segura es una de ellas”.
Cabe destacar que este recorte se sumó a los graves problemas que atraviesa el sector, “como son el incremento de costes de producción y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”, según explicaron desde Asaja Alicante, quienes añadieron que sin el agua que viene del Trasvase “no se permite el desarrollo de la agricultura”.
“No podemos asegurar el mantenimiento de la agricultura alicantina sin el Trasvase Tajo-Segura”
A lo largo de todos estos meses, desde Asaja Alicante han ido denunciando esta situación, y defendiendo “la necesidad de estabilizar las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura sin incrementar los caudales ecológicos en el alto Tajo”, un trasvase sin el que, según destacó José Vicente Andreu “no se puede asegurar el mantenimiento de la agricultura alicantina”.
En octubre de 2022, tras dos meses consecutivos sin transferir agua, desde la asociación señalaron que la provincia de Alicante ya había empezado “a sufrir restricciones en el regadío, hecho que evidencia la crisis hídrica del campo”. Así, la Comunidad de Regantes El Canal, que forma parte de Riegos de Levante, decidió que para la campaña hidrológica de riego comprendida entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, únicamente se podría contar con una dotación media de 400 m3 por hectárea y que se procedería a cortar el agua a las fincas que consumieran la dotación que les correspondiera.
“Nuestra seguridad pasa por garantizar el Trasvase Tajo-Segura. Si seguimos como en los últimos dos meses, en medio año no podremos asegurar el funcionamiento normal de nuestro sector primario”, destacó el presidente de Asaja Alicante.
Cerca de 15.000 personas se manifestaron en Madrid
En noviembre, tras darse a conocer el acuerdo entre el Consell y el Ministerio de Transición Ecológica con el que se estableció que no sería necesario aumentar los caudales ecológicos que podrían comprometer el Trasvase Tajo-Segura, desde la asociación de jóvenes agricultores manifestaron que se trataba “de un alivio para los agricultores”, y que el campo recibía la noticia “como un náufrago a quien se le lanza un salvavidas”.
Sin embargo, en la votación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo, celebrada en el Consejo Nacional del Agua, el Consell se abstuvo, lo que llevó a Asaja Alicante y a la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en Alicante a pedir explicaciones al Consell, ya que esta decisión “dejaba en entredicho” el acuerdo anunciado días antes y que permitía mantener el Trasvase hasta 2026.
“Tanto CEV Alicante como ASAJA Alicante siguen denunciando que las decisiones tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica no tienen justificación técnica, ya que ni consta ninguna evaluación rigurosa del beneficio medioambiental de elevar los caudales ecológicos del Tajo ni se ha analizado el enorme daño socioeconómico que estas decisiones están provocando en la cuenta del Segura”, denunciaron en su momento desde Asaja Alicante.
Por su parte, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, señaló que con dicha decisión se confirmaba la intención progresiva de suprimir el Trasvase Tajo-Segura, “obviando de forma irresponsable” el daño que esto provocaría a las empresas que dependen de este suministro, “y por tanto a las personas trabajadoras que perderán su empleo sin ofrecer una alternativa real y viable a este suministro”.
Ante esta situación, Asaja Alicante convocó una concentración para defender el Trasvase Tajo-Segura, que tuvo lugar a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 11 de enero, y que contó con la presencia de representantes del sector agrario, así como de la sociedad civil, empresarios de la provincia y políticos. Según los datos facilitados por la asociación, la concentración congregó a alrededor de 15.000 personas.
“En España tenemos suscrito con Portugal el Convenio de Albufeira, por el cual el Tajo debe trasvasar a Portugal 2.000 hectómetros cúbicos, y en los últimos años se viene transfiriendo al territorio luso la friolera cifra de 7.000 hectómetros/año, es decir, les estamos “regalando” más de 5.000 hectómetros al año. Mientras nosotros, mendigando 400 hectómetros para nuestro territorio, siendo parte del mismo país”, destacó el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa.
Desde Asaja Alicante lamentaron “que no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río”, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año.
Con la aprobación de los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, para el río Tajo se ha fijado un caudal ecológico cuya aplicación será gradual. Empezará este año con 7 hectómetros cúbicos (hm3), y en 2026 y 2027 será de 8 y 8,65 hm3, respectivamente. Una decisión que, en palabras de Teresa Ribera se ha tomado para que “no pueda suponer ningún riesgo para la disponibilidad de recursos suficientes en las cuencas que se han venido beneficiando hasta la fecha del trasvase Tajo-Segura”.
Se sustituirá el agua trasvasada por agua desalada
Tras la aprobación del decreto ley de los planes hidrológicos que consuman el recorte de más de 100 hectómetros cúbicos al año procedentes del trasvase Tajo-Segura, desde Asaja Alicante atribuyeron al Gobierno “la responsabilidad de no ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas”.
Asimismo, la asociación hizo hincapié en que la hoja de ruta “de imponer por la vía autoritaria” la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo, “pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada”.
“Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico, ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”, declaró el presidente de Asaja Alicante, quien explicó que el agua desalada “es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera”. En cuanto al coste económico, señaló que tras la aprobación del Gobierno, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”.
Según Asaja, las consecuencias de lo aprobado por el Consejo de Ministros “serán inmediatas, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán”.
