Una propuesta de la presidenta de la Comunidad

Los negocios madrileños podrían verse obligados a realizar test COVID para las comidas o cenas de Navidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto que los autónomos y empresas tengan que realizar test Covid a sus empleados de cara a las cenas o comidas de Navidad, pero desecha por el momento la idea de implantar el pasaporte de vacunación.
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Autónomos de Madrid podrían tener que hacer test Covid a sus empleados para las reuniones
Los negocios madrileños podrían verse obligados a realizar test COVID para las comidas o cenas de Navidad

A falta de pocas semanas para que comience la campaña de Navidad y con ella las típicas comidas y cenas de empresa, algunas comunidades autónomas se han mostrado preocupadas porque estas reuniones acaben suponiendo un repunte de contagios por Covid-19. Entre ellas destacó la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que planteó la opción de que los negocios "testeen a sus trabajadores antes de reunirlos en cenas o comidas para las festividades navideñas". Así lo explicó durante una entrevista en el programa Espejo Público, donde adelantó además su idea de volver a realizar cribados masivos en Madrid.

Según las últimas informaciones de la hostelería madrileña, los autónomos y dueños de negocios se están apresurando ya para reservar mesas en los restaurantes donde poder reunir a sus empleados y celebrar con ellos el inicio de la Navidad. Es por ello que la presidenta de la Comunidad explicó que pedirá ayuda a los profesionales por cuenta propia para que hagan previamente pruebas del virus a sus trabajadores. En palabras de Ayuso, "el objetivo es evitar que alguien que esté contagiando esté en reuniones con más gente y les exponga". Con esta propuesta, la presidenta pretende frenar la sexta ola de la pandemia.

Si bien los datos epidemiológicos en nuestro país, a día de hoy, no son muy elevados - en los últimos 14 días se han registrado un total de 39.000 contagios, y el 80% de la población española ya cuenta con la pauta completa de vacunación-, la prudencia de cara a las festividades navideñas es importante. La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado acerca de la obligatoriedad de solicitar el pasaporte Covid-19 para acceder a los establecimientos. Según ha dicho, por el momento, no se implantará en la capital, "es una medida que hay que estudiar bien". 

Madrid no implementará el pasaporte Covid

La presidenta madrileña explicó en la misma entrevista que, por el momento, la Comunidad de Madrid no implementaría la utilización del pasaporte Covid-19. Al ser preguntada por la posibilidad de obligar a mostrar este pasaporte para entrar a los establecimientos, Ayuso dijo que es una medida que tendrían que "estudiar bien", ya que "no se trata de que el camarero se convierta en una autoridad sanitaria", sino "comprobar que la gente esté vacunada". Sin embargo, algunos de sus homólogos ya han anunciado la obligatoriedad de este documento para acceder a los lugares que reúnan a ciertas cantidades de personas, esto a pesar de que el Ministerio de Sanidad ya dejó claro hace meses que el certificado Covid no se creó para controlar el acceso a locales y negocios.

Y es que precisamente el hecho de que sean los camareros, taxistas o tenderos los que tengan que comprobar esta información es algo sobre lo que ya se han pronunciado distintos expertos en la materia: "no es legal que un personal que no es profesional sanitario gestione esos datos personales. Para que los dueños de negocios puedan comprobar legalmente si alguien está vacunado o no, tienen que ser expertos, cosa que la inmensa mayoría no son", aseguró José Ramón Padrón, experto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inició una investigación para determinar si exigir el certificado de vacunación para acceder a establecimientos como bares, restaurantes o tiendas de ropa podría atentar contra el derecho a la protección de datos de los ciudadanos, ya que tal como aseguran, "la salud es una información de nivel máximo de protección".

La ministra Carolina Darias explicó que el certificado Covid sólo fue concebido para facilitar una “movilidad segura” entre países europeos. Además, añadió que no existe ninguna potestad legal de las CCAA para obligar a que los autónomos y negocios exijan dicho certificado a sus clientes a pesar de que países de Europa como Francia ya lo están utilizando y otros como Italia se lo están planteando. A todo ello, es importante recordar que la vacunación no es obligatoria, por lo que esta norma "generará una discriminación hacia aquellos que, o bien hayan elegido no vacunarse, o bien no puedan hacerlo por prescripción médica", explicó la AEPD. Muchos trabajadores por cuenta propia están en un profundo desacuerdo con esta medida porque aseguran que "limita la entrada de clientes a sus negocios en plena crisis económica". Más si cabe, cuando deben ser ellos quienes tengan que perseguir o señalar a los consumidores.

La salud es un dato que hay que proteger "al máximo"

El principal problema que genera para la AEPD la obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación para entrar a consumir a un bar o comprar en una tienda, es el uso indebido de datos "altamente vulnerables". Según explicó José Ramón Padrón, experto en materia de protección de datos y country manager de la empresa especializada en hosting, SiteGround, "las distintas informaciones tienen un rango de protección dentro del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Y lo referente a temas médicos y salud se encuentra en un nivel máximo". De ahí que "demostrar si se está vacunado o no, atente directamente contra la protección de las personas físicas", añadió.

Por ello, el experto entiende que las agencias de protección de datos a nivel europeo y, más concretamente, la española, hayan iniciado un requerimiento de información a las comunidades autónomas que quieren implementar esta normativa. "La AEPD es consciente que, ciñéndose al RGPD, se trata de un dato que no se le puede pedir a nadie", aseguró Padrón. Además, la Agencia insistió en su comunicado que la norma "tiene que contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas".